Ha llegado este
Editorial de Ecclesia.
Desde el punto de vista
de nuestros Obispos,
vale la pena hacerse eco de estas consideraciones.
En esta peligrosa encrucijada
– Editoral Ecclesia-
Los recientes anuncios de durísimas medidas económicas –y que,
probablemente, no serán las últimas– por parte del Gobierno español han
desatado una oleada de protestas, que pueden ir aumentando a medida que pasen
los meses. Al mismo tiempo, el Jefe del Estado ha llamado a tener visión de
futuro y poner la mirada en el interés general y el bien común de todos los
españoles, haciendo hincapié en que «nadie puede quedar excluido de los efectos
de la recuperación económica» deseada, sobre todo los jóvenes y quienes sufren
cada día la desazón por la falta de empleo y perspectivas de futuro.
Hemos vivido inmersos en la fiesta del despilfarro, alentada
fundamentalmente por políticos irresponsables, que solamente buscaban
privilegiar a la propia casta y aumentar el clientelismo ideológico, pese a que
fueran incrementándose las deudas hasta límites disparatados. El desgobierno de
lo público, tanto en el Estado como en las diecisiete Comunidades autónomas, ha
sido tan generalizado que la sociedad parecía resignada mientras las cosas no
iban tan mal como ahora. La irresponsabilidad y la demagogia, la ignorancia y
escasa preparación junto con la corrupción y la inmoralidad han pervertido, en
buena parte, el espíritu de servicio en la clase dirigente y el impulso de
colaboración en los ciudadanos que llevaron a cabo la difícil Transición que
afrontó España en los años 70-80 del siglo pasado.
No agrada a los contribuyentes que la solución de los
problemas económicos pase por incrementar los ingresos por la vía de impuestos,
sobre todo si contemplan cómo no se afrontan reformas estructurales encaminadas
a disminuir drásticamente los gastos superfluos. El compromiso de austeridad
conlleva simultáneamente ambos sacrificios: el que afecta a los dirigentes
sociales y políticos –que con harta frecuencia parecen comportarse como una
casta–, a base de no despilfarrar y de renunciar a prebendas que son
insultantes para una cuarta parte de la población en el desempleo (téngase en
cuenta que más de la mitad de los jóvenes están en paro), y el que afecta a la
sociedad entera a base de arrimar el hombro mediante sacrificios en la
percepción de los sueldos o por las diferentes vías impositivas. El buen
gobernante es aquel que sabe sacar adelante un país sin agredir a las clases
productivas ni causar daños notables a los sectores y personas más débiles de
la sociedad. Pero sería mal asunto caer en la tentación del recurso a la
demagogia y la algarada por parte de los diferentes grupos de presión:
políticos, sindicatos, medios de comunicación social… Por eso, el Rey insistía
en que, en esta coyuntura especialmente complicada, España vuelva a ser la
«sociedad madura que sabe responder con responsabilidad, solidaridad, templanza
y espíritu de sacrificio cuando las circunstancias lo exigen».
El tiempo corre a favor de los acreedores que, desde
instancias europeas, presionan a un país que está tremendamente endeudado; y es
más que probable que los gobernantes terminarán cediendo a las exigencias de
aquellos, recortando gastos inútiles de las administraciones municipales,
provinciales, autonómicas y nacionales; pero en el camino, hasta que se llegue
a la supresión de los privilegios que la casta política ha ido otorgándose a sí
misma en los últimos lustros, se habrá castigado y empobrecido precisamente a
quienes deberían haber sido los últimos en sufrir los efectos de una economía
maltrecha, casi a punto de colapso. ¿No habrá que preguntarse si la ruta que se
ha emprendido, con un abundante listado de medidas extraordinarias que se están
poniendo en marcha y otras que vendrán, quizá se está haciendo en dirección
inversa?
No pretendemos enumerar el catálogo de horrores financieros de
los que se han ocupado los medios de comunicación social en las últimas
décadas. No entramos en consideración tampoco sobre las medidas de carácter
económico y administrativo anunciadas por el Gobierno para someterlas a un
juicio técnico. Y en modo alguno queremos evaluar las soluciones que proponen
los expertos, sean del sesgo ideológico que sean. Son los representantes
políticos los que tienen la responsabilidad de cooperar decididamente al bien
común con arreglo a criterios de justicia y equidad, que únicamente deberán
desequilibrarse para hacerlo a favor del débil y necesitado, siguiendo los más
elementales criterios de una sana antropología y moral social.
Por desgracia, como alguno ha recordado en estos días
difíciles, cobran actualidad las palabras del historiador latino Tácito cuando
decía que lo peor que puede ocurrir a una sociedad es que no sea capaz ni de
soportar sus males ni tampoco sus remedios. Esta es la peligrosa encrucijada en
que nos encontramos.
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